Los días 23 y 24 de agosto, tuvo lugar, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el VI Encuentro de la Red de Jueces y Juezas comprometidos/as por los derechos de niñas, niños y adolescentes, del que participaron por el Poder Judicial neuquino, la Presidenta del TSJ, María Soledad Gennari y el Fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, ambos integrantes de la mencionada Red. En la Apertura del Encuentro estuvieron María Elena Ubeda, Representante Adjunta UNICEF y Alejandro Morlachetti, Especialista de Protección de UNICEF.
Durante el encuentro, los participantes firmaron la Declaración de la Red de Jueces y Juezas comprometidos/as por los derechos de niñas, niños y adolescentes que expresa:
“Que, a más de 30 años de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño, visibilizar y priorizar la agenda de niñez y adolescencia en las decisiones y políticas que las y los involucran, es un desafío que continúa en construcción.
Las miradas y prácticas en las intervenciones con la niñez y adolescencia siguen siendo predominantemente adultocéntricas y el protagonismo de las infancias y adolescencias permanece siendo emergente o estando ausente.
Que el corpus normativo internacional y nacional, así como la Observación General Nro. 12 del Comité de los Derechos del Niño, dan el marco y la importancia al derecho de ser oído, que además se consagra como uno de los principios rectores de la Convención.
Que es obligación de los organismos del Estado adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales, que sean necesarias para dar efectividad a este derecho y a los demás reconocidos por la Convención (art. 4), y, por lo tanto, se requiere del compromiso y del esfuerzo de todos y todas para garantizar su efectivo cumplimiento y promover la realización universal de los mismos.
Que es requisito indispensable fortalecer el enfoque de derechos en nuestras intervenciones, prácticas y decisiones para hacer del Interés Superior no solo un derecho, sino una norma de procedimiento, tal como lo propone el Comité.
Que, de acuerdo con la Observación General Nro. 24, es de suma importancia reafirmar la necesidad de un sistema penal juvenil acorde a los estándares internacionales de derechos de la niñez. Como también lo es promover el acceso a la justicia y una justicia adaptada a niñas, niños adolescentes siendo fundamental la articulación entre el Sistema de Protección Integral y el de Responsabilidad Penal Juvenil, recordando que una política penal juvenil debe enfocarse en la prevención por sobre el mero castigo, incluyendo a aquellos adolescentes que ya entraron en conflicto con la ley penal, quienes requieren especial apoyo por parte del Sistema de Protección Integral para abordar las causas que los llevaron al conflicto con la ley.
Que, en este sentido, es de fundamental importancia fomentar prácticas judiciales coordinadas, trabajadas en conjunto con los Sistemas de Protección integral de derechos, respetuosas de los derechos de la infancia y la adolescencia acorde a los estándares internacionales para garantizar la protección integral y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas en los procesos judiciales.
Que, por otro lado, desde UNICEF, en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, hemos comenzado a llevar a cabo un ciclo de capacitaciones destinadas a magistrada/os y operadores/as de la justicia, relativas a derechos de niñas, niños y adolescentes, tanto en materia civil como penal en las provincias de Salta, Santa Fe y Jujuy.
Que, a partir de la colaboración de todos los Estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, UNICEF ha confeccionado y presentado un documento sobre el Mapeo de los organigramas judiciales de todo el país, tanto en materia de familia como de justicia penal juvenil y los sistemas de registro existentes en cada uno de ellos; el cual da cuenta de la importancia de contar con información confiable actualizada sobre la situación de la niñez y adolescencia.
Que, asimismo y en el marco de la Iniciativa Spotlight, UNICEF realizó la ampliación y la actualización de la Guía de buenas prácticas para el abordaje integral y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia sexual, con el objetivo de reforzar esta herramienta operativa a quienes intervienen en el abordaje y el acceso a la justicia de niñas y niños víctimas o testigos de violencia sexual”.
Teniendo en cuenta la importancia del presente encuentro, los temas debatidos y el contenido de las observaciones desarrolladas, las y los miembros de la Red de Jueces y Juezas comprometidos/as por los derechos de niñas, niños y adolescentes, acompañados en dicho acto por funcionarias/os de UNICEF Argentina, suscribieron la declaración, y se comprometieron a
l. Reafirmar una vez más, la importancia de fortalecer la Red de Jueces y Juezas comprometidos/as por los derechos de niñas, niños y adolescentes;
2. Compartir y visibilizar el “Mapeo sobre el sistema judicial en Argentina. Organismos, procesos y registros de datos judiciales relativos a niñas, niños y adolescentes»
3. Aunar esfuerzos para difundir la «Guía de buenas prácticas para el abordaje integral y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia sexual» (versión ampliada y actualizada al 2023), de modo que sea accesible para funcionarios/as judiciales como para operadores/as extrajudiciales del sistema de protección integral de derechos;
4. Tomar las medidas necesarias a fin de continuar con la capacitación de las/los magistrados/as y operadores de justicia en derechos de la niñez adolescencia, dada la importancia de la especialidad que la materia requiere, logrando de este modo ampliar el alcance de las mismas a la mayor cantidad de magistrados/as y operadores/as judiciales;
5. Declarar de interés de la Red la recopilación y sistematización de información sobre justicia penal juvenil y otros temas de acceso a justicia de niñez y adolescencia;
6. Arbitrar las medidas necesarias para reafirmar la importancia de contar con un sistema penal juvenil y una justicia penal juvenil especializados, y la adopción de un marco normativo específico que cumplan acabadamente con la normativa nacional e internacional vigente en la materia y las recomendaciones recibidas por la Argentina de parte del Comité de los Derechos del Niño y que no impliquen medidas regresivas en materia de derechos y garantías.