Como resultado del convenio celebrado entre el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, se realizaron gestiones tendientes a la afectación exclusiva de un can de raza Labradoodle llamado «Oreo», que fue donado por dicho Ministerio, para que preste servicios en el Área Infanto Juvenil del Gabinete de Psiquiatría y Psicología Forense del Poder Judicial de la provincia.
Hoy se realizó la presentación e integración de “Oreo” al equipo que forma parte del “Programa de Perros de Asistencia Judicial”. La misma tuvo lugar en el SUM del Gabinete Pericial, de la Ciudad Judicial de Neuquén.
Participaron del acto, la Presidenta del TSJ, María Soledad Gennari; el vocal Germán Busamia; la Defensora General, Vanina Merlo; Claudia Valero, Secretaria de Superintendencia; Laura Grindetti, Asesora General Adjunta de Menores del Ministerio Público Tutelar de CABA; Dina Chavez, Responsable del Gabinete de Psiquiatría y Psicología Forense; Carlos Agudo, Adiestrador y referente en el convenio y Patricia Medardi, propietaria del criadero que donó a “Oreo”; junto a magistrados/as; funcionarias/os y empleados del Poder Judicial.
El programa “Perros de Asistencia Judicial” comenzó a implementarse en junio del 2021, en el Área Infanto Juvenil, del Gabinete de Psiquiatría y Psicología Forense de la ciudad de Neuquén. El mismo consiste en la presencia de perros, que están entrenados para esta función, como un recurso terapéutico destinado a los niños, niñas y adolescentes que concurren a dicho organismo, para participar de una entrevista en cámara Gesell, por ser víctimas o testigos en alguna investigación judicial.
En este sentido, el convenio firmado entre ambas instituciones, tiene por objeto establecer la asistencia técnica, asesoramiento e intercambio de información sobre el «Programa de Perros de Terapia para Asistencia Judicial» el cual se propone como un espacio diseñado para niños, niñas y adolescentes, como parte de un proceso donde son activamente escuchados/as y a modo de restaurar o dar comienzo al camino de recuperación, con estrategias tendientes a minimizar la revictimización institucional.
Desde su implementación, se han evidenciado notables muestras de disminución de la ansiedad y el miedo, frente a la experiencia que implica tener que brindar un testimonio y exponer vulnerabilidades en el contexto judicial.